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Nuevas reglas para detenciones y deportaciones de inmigrantes

El gobierno de Biden estableció nuevas normas que limitan las detenciones de inmigrantes indocumentados dentro del país y en la frontera.

Nuevas reglas para detenciones y deportaciones de inmigrantes

El secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas dio a conocer las nuevas Pautas para la Aplicación de la Ley de Inmigración Civil, que tienen el propósito de enfocar mejor los recursos del Departamento en la aprehensión y remoción de inmigrantes indocumentados que son una amenaza para la seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza y aseguran que se realizará una evaluación caso por caso de si un inmigrante indocumentado representa o no una amenaza, antes de evaluar si procede o no su detención.

El gobierno de Biden anunció las nuevas reglas que requieren que las autoridades de Inmigración solo persigan a los migrantes que cruzaron recientemente al país sin permiso o que se considere que representan una amenaza para la seguridad pública.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dará prioridad al arresto y deportación de ciertos inmigrantes indocumentados, incluidos los sospechosos de terrorismo, personas con una conducta delictiva grave o que han cruzado la frontera ilegalmente, recientemente.

Al ejercer esta discreción, nos guiamos por el conocimiento de que hay personas en nuestro país que han estado aquí durante generaciones y han contribuido al bienestar de nuestro país, incluidos aquellos que han estado en la primera línea de la batalla contra COVID, lideran las congregaciones de fe y enseñan a nuestros hijos. Mientras nos esforzamos por brindarles un camino hacia el estatus, no trabajaremos en conflicto gastando recursos buscando eliminar a aquellos que no representan una amenaza y, de hecho, fortalecer a nuestra nación”, destacó Mayorkas.

Las prioridades de ejecución para la detención y expulsión se centrarán en los no ciudadanos que son una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza.

Las nuevas pautas son una ruptura total respecto al procedimiento establecido anteriormente. Las detenciones de inmigrantes indocumentados ocurrían frecuentemente dentro de Estados Unidos, y no solamente en la frontera, como en el caso de las redadas de ICE en centros de trabajo.

Las nuevas reglas requieren una evaluación del individuo y la totalidad de los hechos y circunstancias que lo rodean, para garantizar que los recursos se concentren de manera más efectiva.

También se reconoce que la mayoría de los más de 11 millones de no ciudadanos indocumentados o que no son ciudadanos de los Estados Unidos han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades en todo el país durante años.

Un inmigrante indocumentado se considera una “amenaza para la seguridad fronteriza” si es arrestado en la frontera o puerto de entrada intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos o si es arrestado dentro del país después de ingresar ilegalmente, después de noviembre de 2020.

“Estoy agradecido con el personal de ICE por su franqueza en nuestras discusiones sobre su misión crítica de aplicación de la ley”, continuó Mayorkas. “Las nuevas pautas permitirán a nuestro Departamento cumplir de manera más eficaz nuestra misión de hacer cumplir la ley y, al mismo tiempo, promover el bienestar de nuestro país al reconocer las contribuciones invaluables de millones de personas que forman parte del tejido de nuestras comunidades. Las pautas nos ayudarán a ejercer nuestra discreción procesal para lograr justicia”.

Las nuevas pautas de aplicación de la ley de inmigración requieren la protección de los derechos y las libertades civiles.

La raza, religión, género, orientación sexual o identidad de género, origen nacional, asociaciones políticas o ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda de un no ciudadano no pueden ser factores para decidir tomar medidas de cumplimiento.

Por primera vez, se protegen explícitamente estos derechos, contra el uso de la aplicación de la ley de inmigración como una herramienta de represalia, para reafirmar los derechos legales por parte de un no ciudadano.

Fuente: La Opinión.

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